Desde el Ministerio del Trabajo se viene aportando un granito de
arena para coadyuvar en el proceso de consolidación de la paz en
Colombia, entendida ésta no solamente como el silenciamiento de los
fusiles, sino como la construcción colectiva de una sociedad
democrática concebida ella a partir de la dignificación de la vida de
sus habitantes y sustentada en valores como la equidad, la inclusión y
la garantía efectiva de sus derechos fundamentales.
Por ello la ministra Griselda Janeth Restrepo Gallego apoya e impulsa
con especial énfasis el programa Colombia Mayor, mediante el cual el
Gobierno Nacional busca proteger a las personas de la tercera edad que
se encuentran desamparadas, no cuentan con una pensión, viven en la
indigencia, o en condiciones de extrema pobreza.
Este programa está dirigido a todas las personas mayores que no
tuvieron oportunidad de una pensión, o se encuentran en situación de
pobreza y están categorizadas en el Sisbén 1 y 2. Esta población
vulnerable tiene la oportunidad de recibir apoyo económico para
suplir sus necesidades básicas.
En la actualidad, Colombia Mayor ha logrado impactar a alrededor de 1
millón 500 mil adultos mayores de todas las regiones del país que cada
dos meses reciben un subsidio que les posibilita cubrir sus
necesidades fundamentales y mitigar su dificultades económicas.
En esta crucial etapa de posconflicto en la que ha entrado el país a
raíz de la concreción de los acuerdos de paz con la insurgencia de las
Farc y el inicio de negociaciones con el ELN, se ha previsto por parte
del Ministerio del Trabajo una ampliación de 23.981 cupos en 43
municipios priorizados, aumentando en 38% la cobertura de este
programa. Es decir, hemos llegado a un total de 86.754 cupos en estos
territorios, para lo cual se ha hecho una inversión de 5.983.960.000 pesos.
Para 2017 se ha proyectado asignar 1 millón 500 mil nuevos cupos que
nos permite solidificar este programa que atiende a nuestros adultos
mayores en adversas condiciones económicas.
El reto para el Gobierno Nacional es que en menos de un lustro se
logre la cobertura universal para lograr la dignificación de esta
población vulnerable en el país.
De esta manera, el Ministerio del Trabajo contribuye con la paz de
Colombia a través de priorizar y optimizar la inversión social,
elevando las condiciones de vida de sus habitantes y brindando oportunidades.
Un programa acorde con los estándares internacionales de derechos humanos
Además, Colombia Mayor se destaca como un programa que hace efectiva
la atención de los adultos mayores acorde con los preceptos y
estándares internacionales en cuanto cumplimiento de los derechos humanos.
En efecto, según jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre los
deberes del Estado colombiano en relación con la protección de este
importante sector poblacional, “los adultos mayores en situación de
pobreza extrema o habitabilidad en calle gozan de una especial
protección constitucional debido a sus condiciones económicas de
vulnerabilidad y marginación, así como a la potencial disminución de
sus capacidades por el aumento de la edad”. Por lo tanto, “es deber
del Estado garantizar la materialización de los derechos de estas
personas a la salud, seguridad social, a recibir un subsidio
alimentario y a los demás contemplados en la Constitución Política y
la ley, a través de acciones directas e indirectas, la implementación
de políticas públicas y acciones afirmativas”
Garantía al mínimo vital
En ese sentido, “los deberes sociales en cabeza del Estado, la
sociedad y la familia en relación con los adultos mayores han de
convertirse en obligaciones de carácter legal y han de ser
justiciables con el fin de evitar afectaciones a los derechos
fundamentales de estas personas, en especial al mínimo vital”.
Sobre el principio de solidaridad y la garantía al mínimo vital, el
tribunal Constitucional ha señalado que si bien en primera medida son
los miembros del grupo familiar quienes deben asumir la satisfacción
de este derecho así como las necesidades básicas insatisfechas de los
adultos mayores, “en caso de estar imposibilitados para esto, la
sociedad y el Estado deben concurrir en esta labor, en virtud del
principio de solidaridad”.
En consecuencia, “el principio de solidaridad” se concreta en un
deber para todas las personas de contribuir con sus acciones y
esfuerzos al beneficio de todos aquellos que hacen parte del grupo
social, “en especial aquellas en situación de vulnerabilidad”.
En lo que hace relación con los adultos mayores, “el principio de
solidaridad debe acatarse con el objetivo de llevar a la práctica los
derechos individuales de estas personas, potenciar sus capacidades e
independencia y proveerles condiciones de existencia dignas”.
De esta manera, el derecho al mínimo vital “pretende garantizar el
respeto por la dignidad humana, velar por la protección de grupos y
personas en situación de debilidad manifiesta, y concretar el
principio de igualdad material en una sociedad históricamente injusta”.
“Dentro de las normas que conforman el derecho internacional, no
existe un instrumento de tipo convencional específico sobre los
derechos de los adultos mayores y la forma en que deben ser
garantizados por parte de los Estados, como si ocurre con otros
grupos, como las mujeres, los niños, o las personas con discapacidad.
Sin embargo, algunos instrumentos incorporan provisiones específicas
sobre este asunto o, pese a no tener carácter vinculante, contienen
estándares encaminados a orientar a los Estados sobre la manera de
garantizar los derechos humanos de este grupo poblacional”. Así, el
programa Colombia Mayor responde a los requerimientos del derecho
internacional y contribuye a generar condiciones de dignidad y buen
vivir para este importante segmento de la población colombiana.
